El aumento de la responsabilidad del inversor es la asignatura pendiente, a largo plazo, del sistema económico actual. Las instituciones económicas internacionales están ya buscando formulas regulatorias para reducir el riesgo de que un banco sea "demasiado grande para caer" y así evitar que los beneficios bancarios sean privados, y las pérdidas públicas, como ha ocurrido en numerosas ocasiones en esta crisis. Otro aspecto más complejo es el de la responsabilidad del inversor en la deuda de los Estados, en el que aun no se ha iniciado un debate institucional profundo (salvo por las recientes declaraciones de Angela Merkel sugiriendo que los tenedores de Deuda Pública de un estado que entre en quiebra debería perder parte de su inversión).
Dejando a un lado el especialmente complejo problema de la deuda pública, hemos de recordar que el G-20 está trabajando, por medio de los acuerdos de Basilea, en evitar que se produzcan situaciones tan injustas como las que se están produciendo en la presente crisis, que paguen los contribuyentes las deudas de los bancos. En concreto se está proponiendo aumentar las exigencias de solvencia y liquidez de los bancos sistémicos (es decir aquellos cuya quiebra provocaría graves daños en la econonomía de un país o incluso a nivel superior).
Con estas medidas además de hacer que los grandes bancos sean más resistentes a las crisis se lograrán dos efectos secundarios: Que haya menos bancos sistémicos y más bancos no sistémicos (ya que los primeros tendrán mayores gastos lo que debería compensar los beneficios de las economías de escala); y por otra se produciría una huida de los ahorradores desde los bancos hacia otro tipo de formas de atesorar el dinero, para así evitar el aumento de los gastos bancarios, lo que implicaría un incremento de la desintermediación financiera (en este sentido ver Documentos de Economía La Caixa nº18).
Con ello la cultura del ahorrador deberá aumentar, ya que cada vez habrá más ahorradores fuera de los bancos, y además los pocos que queden deberán estar informados de si su banco es solvente, ya que probablemente no sea sistémico, y en consecuencia el Estado no debería tener inconveniente en dejarlo quebrar.
En este sentido entiendo que las agencias de calificación de riesgo, hoy tan desprestigiadas, tendrán que reinventarse (ver artículo de la CNMV sobre propuestas de modificación regulatoria) para volver a dar al inversor un servicio más adecuado sobre la fiabilidad de sus inversiones, tanto bancarias como no bancarias. Si vamos a ser más responsables tendremos que apoyarnos más en los expertos, lo que revalorizará este tipo de servicios.
En conclusión entiendo que la crisis financiera va a producir una evolución en el mentalidad del ahorrador que lo hará más responsable sobre la posible pérdida del capital invertido, lo que hará cada día más necesario un sector de empresas de calificación de riesgo competitivo y eficiente.
Fuente: Blog Fernando Aguayo
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