El Congreso y el Senado autorizan y dan por buenas las remuneraciones dobles que perciben un puñado de parlamentarios que han sido ministros y secretarios de Estado. No ocurre así con los alcaldes y concejales. Tampoco con los que son ministros y diputados a un tiempo. Los ex son la excepción de la norma general que prohíbe cobrar dos remuneraciones del erario público. Algunos beneficiados no han declarado su pensión y otros lo han hecho con retraso.
Con la llegada del mes de julio, el portavoz socialista José Antonio Alonso ha dejado de percibir la paga de ex ministro que compatibilizaba desde hace dos años con la remuneración constitucional del Congreso. Alonso se olvidó de consignar en su declaración de actividades e intereses que recibía la “pensión de ex ministro”, pero pasado un tiempo cayó en la cuenta y subsano su omisión.
En una nota que remitió el 25 de febrero al presidente de la comisión del Estatuto del Diputado, el socialista catalán Francesc Vallés, encargada de dictaminar las compatibilidades, Alonso explicaba que “como es público y sabido fui ministro del gobierno entre 2004 y 2008. En calidad de tal y como es público, estoy percibiendo la pensión de ex ministro en la cuantía y por el periodo legalmente señalados. El próximo mes de junio dejaré de percibir esa pensión”. El portavoz aseguraba que no había consignado la remuneración “por error”, y señalaba que “hasta hoy no he sido consciente de tal error”.
También Jesús Caldera se olvidó de declarar la paga de ex ministro, que dejó de percibir en mayo pasado, pero subsanó el error y el pleno del Congreso aceptó la declaración complementaria sin ningún reproche. Dos ministros que cesaron con ellos tras las elecciones de 2008, Cristina Narbona y Joan Clos, fueron nombrados embajadores y podrán cobrar la pensión de ex ministros cuando sean cesados en sus destinos.
En el caso de la ex secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Leire Pajín, el Senado no ha puesto inconveniente a la compatibilidad de su pensión con la remuneración de senadora designada por la Comunidad Valenciana. La ex ministra de Educación, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, cesada en la remodelación del 2009, y diputada del PSOE por Madrid, no ha declarado su pensión. Sí lo ha hecho, en cambio, desde el primer momento, el ex ministro de Justicia y diputado por Murcia, Mariano Fernández Bermejo.
La compatibilidad de la paga de ex ministros y ex secretarios de Estado con la remuneración de diputados y senadores ha beneficiado a decenas de parlamentarios del PSOE y del PP desde los años ochenta del siglo pasado. Entonces se estableció una pensión del 80% del salario por dos años a los miembros del Gobierno cuando cesaran en sus cargos para evitar, según se dijo, que pasasen sin transición al sector privado y pudieran incurrir en trasvase de información privilegiada y tráfico de influencias.
Un pacto tácito entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, ha propiciado que los ex miembros del Gobierno puedan compatibilizar el cobro de dos remuneraciones del erario público directamente en vez de optar por una de ellas, como se obliga a los alcaldes que son diputados y senadores. Los ex miembros del Gobierno tienen además la ventaja de que pueden aplazar el cobro de su pensión como tales.
Tanto la doble remuneración directa del erario público como indirecta –de los Partidos Políticos, que se financian con dinero público, y del Parlamento, supuesto en el que afecta a Mariano Rajoy, a su número dos, la senadora María Dolores de Cospedal y a otros dirigentes del PP– contrasta con el régimen de incompatibilidad salarial absoluta de todos los empleados públicos y con el hecho de que a los desempleados se les descuente de su prestación, de 1.000 euros mensuales como máximo, el importe de cualquier trabajo ocasional que puedan realizar.
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